La ley de transparencia en las pymes: ¿cómo les afecta?


La nueva ley de transparencia ya está aquí. La normativa, que modifica a la ley de 2013, regula las estadísticas de las microempresas, autónomos, pequeñas y medianas empresas en la contratación pública.

En concreto, la ley busca aumentar la participación de las pequeñas y medianas empresas en los contratos del sector público. La normativa parte de la base de que tanto las microempresas como las pymes son fundamentales en la economía española. Datos del blog de empresas de Yoigo indican que en España las pymes suponen el 99,8% del total del tejido empresarial y representan un 62% del valor añadido bruto empleando, además, a 6 de cada 10 trabajadores. Así, la ley de transparencia se ha modificado para fomentar la participación de este tipo de compañías en contratos del sector público. De esta manera, la norma persigue que a partir de ahora se pueda medir qué acceso tienen las pymes a los contratos del sector público y cuántos contratos de los suscritos van dirigidos a ellas.


Información sobre los contratos públicos


La normativa establece que las administraciones públicas deben hacer pública la información de los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria relacionados con los contratos públicos. En este sentido se deberá indicar el fin del contrato, su duración, importe de la licitación y de la adjudicación, así como el procedimiento que se emplea para su celebración.


También deberá publicarse toda la información que tiene que ver con el medio en el que se ha publicado el contrato, así como el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario y las modificaciones que hubieran sufrido los contratos si las hubiere.


Por otro lado, la administración pública tendrá que dar cuenta de las decisiones de desistimiento y de renuncia de los contratos. En cuanto a los contratos menores, la información podrá publicarse cada tres meses.


Asimismo, tendrá que darse cuenta de la información sobre cuánto participan las empresas en los contratos que se les conceden. Este dato deberá presentarse cada seis meses.


La ley incide también en la necesidad de publicar las estadísticas sobre el porcentaje del presupuesto de los contratos adjudicados y de los previstos.



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